10 extractos del libro 'Invirtiendo a largo plazo' de Francisco García Paramés

Mayo 2003
Para decir que Terra valga más que Repsol parece que hace falta perder el norte ¿qué ocurrió? Los mercados son así. Hace cuatrocientos años ocurrió en Holanda, hace trescientos en Inglaterra; es difícil abstraerse a esos movimientos psicológicos tan brutales. Hay que tener las ideas muy claras.

Cualquier inversión, y más aún la bursátil, debe realizarse con excedentes en forma de ahorro, con dinero no necesario para nuestra vida diaria.

El inversor debe evitar economías que basen su crecimiento en la creación de crédito al amparo de tipos de interés bajos establecidos por los bancos centrales. Así fue como nosotros evitamos pérdidas permanentes de capital durante la burbuja financiera de los años 2006 y 2007. Nuestra exposición al sector inmobiliario y financiero era prácticamente nula.

Si no se aumenta artificialmente la cantidad de dinero en circulación el estado natural de una economía es el deflacionario. Los incrementos de productividad permiten producir más bienes con el mismo dinero. Esto es algo positivo para el consumidor, que se beneficia de la continua bajada relativa de los precios frente a los salarios, como ha ocurrido con los ordenadores o los teléfonos.

¿Por qué tanto ruido con la deflación? Este ruido se deriva de que, a los gobiernos, en general muy endeudados, no les conviene la deflación. El peso de la deuda aumenta con la deflación. La deuda es constante en esa situación, pero el dinero vale más, porque se pueden comprar más cosas con él, y, por tanto, cuesta más esfuerzo devolver esa deuda. La inflación, por el contrario, facilita la devolución de las deudas. ¿Qué prefiere el Estado y todo su entorno, inflación o deflación? La respuesta es evidente.

El escenario más probable en una economía con intervención estatal será una inflación alta, pues el Gobierno es juez y parte y naturalmente decide en la dirección que más le interesa. Conviene estar preparado invirtiendo en activos reales: acciones públicas o privadas, casas o materias primas.

La deuda pública no ofrece ninguna garantía, salvo la palabra del emisor, porque nunca podremos acceder a los activos del Estado en cuestión, que tiene más tanques que el inversor.

1 dólar de 1802 en acciones se convierte en 704.997 dólares de 2012, en términos reales. Es decir, el poder adquisitivo ha aumentado... ¡700.000 veces! Mientras tanto, ese mismo dólar, invertido en bonos, se habría convertido en 1.778 dólares. Una buena rentabilidad, desde luego, pero claramente inferior a la que ofrecen las acciones. Un dólar en oro, material habitual de refugio, se habría convertido en 4,52 dólares, manteniendo a duras penas su poder adquisitivo, mientras que haber dejado el dinero en un cajón habría supuesto una devastadora pérdida de poder de compra, al perder ese papel moneda el 95 por ciento de su valor: 1 dólar se habría convertido en 5 céntimos de poder adquisitivo.

Cuando un activo que ofrece un servicio a la sociedad: una oficina, una casa, una fábrica de salchichas o de móviles, etcétera, se enfrenta a esa situación inflacionaria ajustará el precio de sus productos y la retribución a los factores de producción de acuerdo con la nueva situación. Si hay una subida de precios del 5 por ciento, subirá sus precios y sus costes un 5 por ciento, y por tanto su situación relativa no cambiará. Si suben un 50 por ciento, ocurrirá lo mismo, y si suben un 1.000 por ciento diario ocurrirá lo mismo. Evidentemente no serían situaciones óptimas para desarrollar su actividad, pero lo puede hacer, y al menos sobrevive. Los propietarios, por lo tanto, mantendrían también su posición relativa, e incluso la mejorarían frente a los rentistas de renta fija, que no pueden adaptar el precio de su activo a la nueva situación.

El principal problema de la inversión directa son los impuestos. Invertir directamente en acciones es más gravoso para un inversor particular que invertir en un fondo. Así ocurre al menos en Europa, donde, en general, los inversores en fondos regulados no deben pagar apenas impuestos —por las plusvalías o dividendos de las acciones que los componen— mientras no vendan sus participaciones en esos fondos. Con ello se retrasa significativamente ese posible pago. En España, además, está permitido el traspaso de fondos con exención fiscal, por lo que si mantenemos el ahorro dentro del circuito de fondos podemos llegar a no pagar nunca esos impuestos.